El dilema del JNE ante la historia
En 1950, Manuel A. Odría organizó unas elecciones desde el poder que había conquistado mediante un golpe de Estado. El APRA estaba proscrita, sus dirigentes perseguidos y el principal candidato opositor, Ernesto Montagne, terminó encarcelado. La competencia electoral había sido anulada antes de llegar a las urnas.
En 1962, la disputa entre Haya de la Torre, Fernando Belaunde y Odría desembocó en una crisis alimentada por denuncias de irregularidades. Ninguno alcanzó el tercio de votos requerido para acceder directamente a la presidencia. Cuando correspondía intervenir al Congreso, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y anularon las elecciones. La voluntad popular quedó subordinada al poder militar.
En el 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, las elecciones estuvieron marcadas por graves irregularidades, denuncias de manipulación y un aparato estatal puesto al servicio de la continuidad presidencial. Aquella experiencia dejó profundas heridas en nuestra institucionalidad democrática.
Nada de eso autoriza a calificar anticipadamente de fraude lo que hoy ocurre en Lima.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene, sin embargo, una responsabilidad particularmente delicada. No solo debe resolver las actas observadas e impugnadas, sino también afrontar una controversia constitucional si triunfa Renovación Popular.
Rafael López Aliaga sostiene que, al haber postulado como primer regidor y no como alcalde, puede acceder a la alcaldía mediante el mecanismo de sucesión municipal. El artículo 194 de la Constitución, por su parte, establece expresamente que no hay reelección inmediata de alcaldes.
La cuestión merece una respuesta jurídica rigurosa. Una cosa es reemplazar a un alcalde durante su mandato y otra, bastante distinta, pretender que la renuncia de un candidato antes de las elecciones produzca automáticamente la proclamación de quien encabezaba la lista de regidores.
¿Estamos ante una sucesión legítima o ante una vía indirecta para continuar en el mismo cargo?
El propio JNE ha mostrado que existen interpretaciones contrapuestas sobre esta materia. Por eso, su decisión deberá armonizar la prohibición constitucional, los derechos de participación política y las normas electorales vigentes. Y resolver situaciones nuevas, no previstas por la ley. Los fallos del pasado generan jurisprudencia, pero no derecho.
La historia ofrece un antecedente ilustrativo. En 1985, la renuncia de Alfonso Barrantes a disputar la segunda vuelta con Alan García planteó una situación excepcional. El JNE debió encontrar una salida razonable, compatible con el ordenamiento constitucional, para proclamar al presidente electo.
El constitucionalista Domingo García Belaunde acaba de recordar el razonamiento que tuvo su padre, Domingo García Rada, como presidente del JNE, cuando resolvió la situación no prevista de proclamar presidente de la república a Alan García sin realizar una segunda vuelta por renuncia del candidato que quedó en segundo lugar, Alfonso Barrantes Lingán.
No valió el razonamiento de Luis Bedoya Reyes que señaló que ante el retiro de Barrantes la segunda vuelta debiera ser entre Alan García y él. Tampoco su propuesta de que en todo caso Alan vaya a una segunda vuelta él solo. La salida del entonces presidente del JNE fue: “… si en realidad renuncia ‘Frejolito’ no tiene lógica que Alan vaya a una segunda vuelta contra él mismo. Yo proclamo a Alan y se acabó” (Perú 21, 11/10/2026).
Tras el atentado terrorista de Sendero contra Domingo García Rada, asumió interinamente la presidencia del JNE el doctor Rómulo Muñoz Arce. Y en esa línea, el organismo electoral, conociendo el razonamiento de García Rada, resolvió proclamar a Alan García sin realizar una segunda vuelta.
Hoy corresponde actuar con idéntico sentido de responsabilidad institucional.
El JNE debe decidir con independencia, argumentos jurídicos sólidos y absoluta transparencia, situciones nuevas que no previó la ley. Los candidatos tienen derecho a discrepar y utilizar los recursos que la ley les concede. Lo que no pueden hacer es convertir cualquier decisión adversa en prueba de una conspiración.
El fraude se denuncia con pruebas, no se anuncia como amenaza. Y en democracia, tan importante como respetar los votos es respetar las reglas que les dan legitimidad.
Luis Alberto Chávez Risco
Magister en Ciencia Política
Artículo publicado el martes 13 de octubre de 2026 en Diario UNO.
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