Antes de remover los escombros

 


Cada cierto tiempo los limeños volvemos a preguntarnos cuándo llegará el gran terremoto. Los recientes movimientos sísmicos registrados dentro y fuera del país han reavivado el temor. La ciencia no puede decirnos el día ni la hora, pero sí advertirnos del riesgo. Lima acumula más de 275 años de silencio sísmico y los especialistas consideran posible un terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa central. 

Un escenario elaborado para INDECI estimó que un terremoto de esa magnitud podría provocar el colapso de unas 200 mil viviendas, afectar gravemente otras 348 mil y causar alrededor de 51 mil muertes. CENEPRED calcula, además, que más de siete millones de habitantes de Lima y Callao se encuentran en situación de riesgo muy alto ante un evento sísmico extremo. 

No podemos reducir la magnitud del terremoto. Pero sí podemos reducir nuestra vulnerabilidad si nos preparamos con tiempo y conscientemente.  

Una reciente encuesta del Grupo de Investigación de Mercados de USIL indica que casi la mitad de los limeños teme que su vivienda sufra daños graves o colapse, pero ocho de cada diez desconocen si su casa ha sido evaluada estructuralmente o afirman que nunca lo fue. Y si un gran terremoto ocurriera esta misma noche, 88% considera que su hogar estaría medianamente, poco o nada preparado. 

¿Qué podemos hacer? Lo primero es empezar por conocer nuestras casas. Saber, en detalle, qué tan vulnerables o resistentes son. 

Necesitamos elaborar una especie de “mapa de vulnerabilidad habitacional” que nos permita reducir el riesgo ante un gran terremoto. Podríamos empezar por la convocatoria del Poder Ejecutivo a las facultades de Ingeniería y Arquitectura de universidades públicas y privadas para desarrollar este gran programa de evaluación de viviendas en las zonas más vulnerables de Lima. 

Estudiantes de últimos ciclos y bachilleres, supervisados por docentes y profesionales, realizarían las evaluaciones utilizando una metodología única. El trabajo serviría, además, para investigaciones y tesis orientadas a resolver un problema real del país. 

No empezaríamos de cero. El INEI dispone de información censal sobre viviendas y población; las municipalidades tienen catastros que permitirían organizar el trabajo por cuadrantes y macromanzanas; COFOPRI podría aportar su experiencia territorial; y los colegios de Ingenieros y Arquitectos, establecer los protocolos técnicos necesarios. 

Con esto cumpliríamos la primera parte del programa: diagnosticar. 

Pero el objetivo de fondo sería que cada familia pueda recibir recomendaciones concretas sobre qué puede hacer para disminuir su vulnerabilidad. Algunas viviendas necesitarán reforzamiento estructural profundo. Otras quizá puedan realizar intervenciones más sencillas. Incluso podría estudiarse técnicamente la posibilidad de identificar o reforzar un espacio de mayor protección dentro de aquellas casas cuya reconstrucción integral resulte económicamente imposible. 

Naturalmente, todo cuesta. Mecanismos de inversión existentes en ProInversión –como Servicios por Impuestos– podrían explorarse para financiar estudios e intervenciones, articulando al Estado, las universidades, municipalidades y empresas. 

El terremoto llegará cuando tenga que llegar. Contra eso podemos hacer muy poco. Pero las decenas de miles de víctimas que proyectan los estudios no son una fatalidad escrita de antemano. 

Tenemos universidades, ingenieros, arquitectos, municipios, información y empresas. Tenemos, sobre todo, algo que después del terremoto ya no tendremos: tiempo. Utilicémoslo antes de que empecemos a remover los escombros.



Luis Alberto Chávez Risco
Magíster en Ciencia Política


Artículo publicado en Diario UNO, martes 8 de setiembre de 2026.

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