Delegar no es abdicar de legislar
Todos recuerdan el debate inflamado del joven Alan García contra el experimentado ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, Manuel Ulloa, en el Congreso de la República, en agosto de 1980. El gobierno de Fernando Belaunde solicitó facultades delegadas para legislar en diversas materias y encontró una resistencia feroz en la Cámara de Diputados.
Aquel debate, cargado de histrionismo, terminó además catapultando al joven García como líder de la oposición. Al final, las facultades fueron aprobadas y durante el gobierno de Belaunde se expidieron más de 300 decretos legislativos, convirtiéndose aquel periodo en el de mayor utilización de la legislación delegada desde el retorno a la democracia.
La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo no es, por tanto, ninguna concesión extraordinaria. Desde el retorno al régimen constitucional, los gobiernos han recurrido a este mecanismo para contar con herramientas que les permitan implementar sus programas. Lo hacen, entre otras cosas, porque gobernar supone también disponer de instrumentos para ejecutar aquello que se ofreció a los ciudadanos.
¿Por qué, entonces, estamos entrampados en discutir únicamente la delegación de facultades para dos problemas urgentes —la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño— cuando el debate debería ser bastante más amplio?
El pedido gubernamental comprende también empleo, ambiente, recursos naturales, sistema financiero, simplificación administrativa, comercio exterior y vivienda, entre otras materias. El Congreso bien podría preguntarse cuáles de ellas son sustanciales para que el Gobierno pueda desplegar su programa y cuáles, por su complejidad o impacto, requieren el debate parlamentario ordinario.
La coyuntura es urgente, pero las facultades son otra cosa. Seguridad ciudadana y prevención frente a El Niño tienen un consenso amplio. A ellas podrían sumarse materias claramente delimitadas sobre simplificación administrativa, infraestructura, recursos hídricos, facilitación del comercio o modernización del Estado.
Distinto es pretender incorporar bajo el mismo paraguas reformas laborales, ambientales, financieras o aquellas capaces de afectar derechos colectivos. Algunas de estas propuestas plantean precisamente interrogantes que justifican una deliberación parlamentaria más detenida.
Ahora bien, si la Cámara de Diputados decide aprobar determinadas materias y excluir otras, resultaría un contrasentido que el Senado pretendiera restituir íntegramente aquello que la cámara de origen decidió no aprobar. Más delicado todavía sería que una decisión de semejante trascendencia terminara resolviéndose por el voto dirimente del presidente del Senado.
La solución, por tanto, no está en la hermenéutica parlamentaria. Es política. El Gobierno necesita herramientas para gobernar y el Congreso debe determinar cuáles corresponde concederle. Debe hacerlo identificando las materias necesarias, estableciendo límites precisos y dejando claro hasta dónde alcanza la delegación.
La primera prueba del bicameralismo no será aprobar las 66 facultades ni rechazar la gran mayoría para quedarse solo con las de coyuntura. Será demostrar que dos cámaras pueden discrepar, negociar y producir una decisión mejor que la que cualquiera de ellas habría tomado por separado.
Es claro que no estamos hablando de un cheque en blanco para el Ejecutivo ni tampoco de un bloqueo del Congreso que le impida poner en marcha su programa. Después de todo, delegar facultades no significa abdicar de legislar.
Luis Alberto Chávez Risco
Mag. en Ciencia Política
Artículo publicado en Diario UNO el 15 de setiembre de 2026 en Diario.
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