Orden y desorden de gobierno
Han transcurrido cincuenta días de gobierno y la luna de miel parece haber terminado antes de lo previsto. Según Ipsos, la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori cayó del 57 % en agosto al 42 % en septiembre, mientras la desaprobación subió del 25 % al 48 %. No es un veredicto definitivo, pero sí una señal de desencanto temprano.
En lugar del orden prometido, los errores iniciales de algunos ministros y voceros dejan la sensación de que continúa el desorden. También es verdad que, para fijar una opinión más definitiva —de apoyo o rechazo—, falta jugar el segundo tiempo y llegar a los primeros cien días.
El bajón en las encuestas de 15 puntos porcentuales en poco más de un mes es tremendo. ¿Qué ha pasado para explicar esta “cuesta abajo en mi rodada”, como dice el tango? Y, sobre todo, ¿qué puede hacer el Gobierno para recuperar el rumbo?
Una parte de la respuesta está en atender con eficacia las expectativas de una población que vive con miedo, especialmente ante la inseguridad ciudadana, y que demanda acciones rápidas y resultados concretos.
Sin embargo, en estas primeras semanas de gobierno hemos visto una sucesión de declaraciones poco afortunadas de ministros y voceros que han abierto interrogantes sobre la coordinación y conducción del gabinete y, en general, sobre la preparación del equipo de gobierno.
Los medios de comunicación han sido el escenario más visible de estos problemas. En el afán de mostrar un gobierno activo y responder de inmediato a cada noticia, parece haberse privilegiado la comunicación sobre la gestión. Demasiada comunicacionitis.
Habría que recordar siempre que rapidez no es sinónimo de contundencia, ni anunciar medidas ante las cámaras equivale a obtener resultados. Una presencia constante en los medios puede mantener al Gobierno en la conversación pública, pero no sustituye el trabajo de organizar equipos, tomar decisiones y verificar su cumplimiento.
Tampoco puede supeditarse toda la gestión a que el Congreso apruebe la totalidad de las facultades legislativas solicitadas. El Ejecutivo debe prepararse para una delegación más acotada y utilizar, dentro de sus competencias, las herramientas de gobierno de las que ya dispone.
En este contexto, la incorporación de dos grupos de asesores de alto nivel abre una oportunidad para ordenar prioridades. Ojalá no las complique más. Los comisionados del Ministerio de Economía formularán propuestas sobre productividad, financiamiento, inversión pública y tributación. Sus recomendaciones, previstas a lo largo de nueve meses, deberían contemplar también las alternativas de acción disponibles si el Congreso no delega todas las materias solicitadas.
La comisión consultiva de Palacio, por su parte, puede aportar experiencia a la Presidencia, siempre que su trabajo fortalezca la conducción institucional y no genere la percepción de un gabinete paralelo o en la sombra. Esa asesoría debe incluir la coordinación con el presidente del Consejo de Ministros, desde donde las prioridades presidenciales han de traducirse en tareas, responsables y plazos.
Los próximos cincuenta días pondrán a prueba una responsabilidad que recae directamente en la presidenta: dedicar más tiempo a conducir a su equipo, ordenar su agenda y sus prioridades y supervisar su ejecución.
Liderar la oposición desde el Congreso y gobernar desde Palacio son tareas distintas. En la oposición, la crítica puede marcar la agenda; en el Gobierno, lo que cuenta es convertir las decisiones en resultados.
Para cambiar el ritmo de este tango, no bastará con cantar más fuerte: habrá que dejar de rodar cuesta abajo en los sondeos y gobernar con orden. No solo el orden público, sino el interno, el del equipo de gobierno.
Luis Alberto Chávez Risco
Magíster en Ciencia Política
Artículo publicado por Diario UNO, 22 de setiembre de 2026.

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